Caso Alvia-Angrois: por una solución de arbitraje

Buena parte de la sociedad gallega y española se halla sorprendida por el hecho de que, tres años después de acaecido el accidente, las informaciones oficiales, las declaraciones de personalidades políticas, las noticias periodísticas, las manifestaciones de las asociaciones de víctimas y hasta los informes que dimanan de la propia Comisión Europea, resulten tan distantes como incoherentes. Además, los órganos de representación popular en Galicia y en España se han negado a afrontar el asunto, tras el que hay 80 muertos y 150 heridos de diversa consideración por viajar en medios de transporte y por vías ferroviarias del Estado, alegando que hay un proceso penal abierto. En un Estado de Derecho, esto es un escándalo.

Está claro que ni en la instrucción ni en el juicio se van a cuestionar si las vías férreas tenían la calidad adecuada, si se debió inaugurar la línea en condiciones de precariedad, si el tren disponía de los sistemas imprescindibles para circular con seguridad, ni si las condiciones de circulación vías-tren eran las adecuadas para evitar un eventual accidente. No se van a cuestionar porque este asunto es de tal índole técnica y tecnológica que supera con mucho las capacidades de la instrucción en curso, y no se van a cuestionar las decisiones técnico-políticas que facilitaron o impulsaron condiciones de funcionamiento muy alejadas de las que contemplaba el proyecto original de la línea de alta Velocidad Ourense- Santiago.

Por tanto debemos entender que la sociedad gallega en particular y la española en general tienen derecho a conocer lo que sucedió realmente y a que se depuren las responsabilidades que resulten tras un análisis serio, riguroso, profundo y verdaderamente independiente.

Como vengo manifestando repetidamente, la estructura del Sector Ferroviario español, que comprende a los responsables reguladores y operadores y que utiliza para su planificación, gestión y control empresas privadas y profesionales a su cargo, al margen de su reconocida cualificación técnica, se halla totalmente no cualificada para asumir la dirección y el desarrollo de la investigación sobre un accidente del que siempre será juez y parte.

Por ello, además de animar y exigir a los órganos de máxima representación de los ciudadanos que asuman su responsabilidad y ejerzan las funciones de control que tienen definidas por el Constitución y el Estatuto de Autonomía, debemos exigir del Gobierno una investigación imparcial a cargo de técnicos de especialidades civil, industrial y de telecomunicaciones, aportados por terceros países, que determinen y clarifiquen, de una vez por todas, lo que falló en el sistema y las conductas que lo propiciaron.

Xosé Carlos Fernández Díaz es Ingeniero técnico de obras públicas especialista en Ferrocarril