ADIF Y RENFE ANTEPUSIERON OTROS INTERESES POR ENCIMA DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: 80 MUERTOS Y MÁS DE 130 HERIDOS
Según el último auto del Juez Aláez hubo decisiones al más alto nivel dentro de ADIF que comprometieron la seguridad de los pasajeros, anteponiendo intereses comerciales.
Desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 consideramos que también hubo claramente intereses y responsabilidades políticas. Exigimos una Comisión de Investigación en el Parlamento, en la que comparezca el Ejecutivo anterior y el actual. No más mentiras
El último auto del Juez Aláez viene a confirmar lo que las víctimas venimos denunciando desde hace tiempo.
Según el auto del Juez Aláez del pasado 13 de febrero, el Presidente de ADIF reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Fomento, que en junio de 2010 los responsables de ADIF tomaron la decisión de modificar el proyecto original, lo que supuso reducir la señalización y la seguridad a partir del Punto Kilométrico 80,169 hasta Santiago. Esa decisión la autorizó el entonces Ministro de Fomento José Blanco, con la confirmidad del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructura.
Queremos saber si esta decisión supuso también acelerar la puesta en servicio de la línea e hizo posible adelantar su inauguración al 10 de diciembre de 2011, que en principio estaba prevista para 2015. Eso si, en su inaguración el Ministerio de Fomento no dudó en anunciar la Lineas como de Alta Velocidad y destacar “el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes”. Es más, la revista Lineas de Adif nº 56 dedicada a la LAV Ourense-Santiago habla de la implantación del sistema ERTMS que costó 164 millones de Euros, cuando realmente no estaba instalada en toda la línea.
Los responsables de ADIF, dependientes del Ministerio de Fomento, tendrían que velar ante todo por la seguridad y la integridad de las personas, por encima de cualquier otro interes. Quienes tomaron el relevo en esos cargos siguieron asumiendo los mismos riesgos y haciendo la misma publicidad de la Linea como de Alta Velocidad.
El accidente podría haberse evitado, pero no se adoptaron medidas para neutralizar esos riesgos, hasta días después de la catástrofe.
El auto también recoge que en junio de 2012 hubo otra decisión en la que ADIF vuelve a anteponer intereses meramente comerciales, esta vez a propuesta de Renfe, se desconecta el ERTMS en el tramo en el que si estaba instalado.
Estos hechos son inaceptables, exigimos saber toda la verdad y que se depuren responsabilidades penales y también políticas.
Por eso volvemos a exigir la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados y que comparezcan el Ejecutivo anterior y el actual. Que los responsables políticos nos expliquen a las víctimas, a sus familiares y toda la sociedad española, con luz y taquígrafos, por qué y quién puso en riesgo la vida de miles de personas, con el resultado de 80 muertes y más de un centenar de heridos.
¡¡COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN YA!!