TRECE AÑOS DE ANGROIS.
Adamuz ni es un hecho aislado, ni
una desgracia imprevisible: es
simplemente la consecuencia directa de
un Estado que, tras la tragedia
evitable de Angrois, decidió mirar
hacia otro lado, sellando el conocido
«pacto de la curva» entre PSOE y PP.
Trece años después del descarrilamiento
del tren Alvia en la curva de A Grandeira,
con 80 muertos y más de 140 heridos,
las víctimas seguimos reclamando verdad,
justicia y responsabilidades. Este
aniversario no solo llega marcado por la
indignación ante los últimos fallos
judiciales, sino por la dolorosa
constatación de que las tragedias se
repiten cuando un Estado decide mirar
hacia otro lado.
La reciente y dolorosa tragedia de
Adamuz, que se cobró 46 vidas y cientos de
heridos, confirma lo que llevamos años
denunciando: si no se investiga de forma
independiente, no se depuran
responsabilidades y se incumplen las
normativas de seguridad, las tragedias
—que no accidentes— se repiten.
Tras Angrois, los sucesivos gobiernos de
PSOE y PP prefirieron sellar el denominado
«pacto de la curva». En lugar de aprender,
el Estado puso en marcha toda su
maquinaria —Abogacía del Estado, Fiscalía,
la Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios (CIAF), la Xunta imponiendo
peritos y el Consejo General del Poder
Judicial— para eximirse de su
responsabilidad y culpar al último eslabón
de la cadena, el maquinista.
Se ignoraron avisos explícitos de
peligro, se rebajó la seguridad
modificando el proyecto original, no se
instaló la señalización ni la baliza
necesaria, no se hizo la evaluación de
riesgos preceptiva y jamás se realizó una
investigación independiente como ha
exigido Europa reiteradamente.
Frente al blindaje del Estado, hemos
luchado durante años en Europa para lograr
que la verdad salga a la luz, consiguiendo
que:
• La UE abriera dos
procedimientos de infracción a España por
incumplir de forma sistemática la
normativa de seguridad ferroviaria.
• Una Auditoría a Renfe
y ADIF a la que conseguimos acceder en
noviembre de 2024, tras superar las trabas
del Gobierno. La comisaria europea de
Transportes dirigió una carta al Gobierno
expresando su alarma por las graves
«deficiencias» en el sistema ferroviario.
Alertó de que los «sistemas de gestión de
la seguridad» existían «sobre el papel»,
pero no se aplicaban correctamente, y
denunció la falta total de nexo entre la
evaluación de riesgos y la vigilancia
diaria
Recientemente hemos asistido a la
impunidad judicial, con la resolución de
la Audiencia Provincial de A Coruña, que
absolvió al exalto cargo de ADIF Andrés
Cortabitarte —quien desconectó el sistema
de seguridad que hubiera evitado la
tragedia y certificó la línea como segura,
sin realizar el análisis de riesgos
obligatorio. Con esta absolución se
afianza una idea demoledora: las
decisiones técnicas y políticas que
causaron la tragedia no tienen
consecuencias penales, ni políticas.
Genera estupor que la presidenta y ponente
de la Audiencia elegida por el CGPJ, Ana
Belén Sánchez González, en la sentencia dé
por válida la investigación de la CIAF,
cuyo equipo investigador, tal y como
consta en el propio informe, estaba
formado por el director de seguridad de
Adif y de Renfe. Habrá que estar atentos a
la carrera judicial de Ana Belén Sánchez
González
Por supuesto, hemos recurrido esta
absolución ante el Tribunal
Constitucional, apoyados en el
voto particular de la propia resolución
y en la sentencia del Juzgado de lo
Penal de Santiago.
¿Culpar o aprender?
Ostentamos el triste récord mundial de
tragedias y fallecidos en alta
velocidad. Se pudo elegir entre
culpar o aprender, pero se optó por la vía
fácil: Eligieron culpar a quien no
tiene autoridad y no aprender de los
numerosos fallos de gestión. La
consecuencia es obvia: la repetición de
tragedias.
Deberíamos mirar a países como Japón,
donde Shinkansen ópera desde 1964 sin que
se haya registrado ni una sola víctima
mortal o herido en accidentes de alta
velocidad. Allí, la seguridad es la
prioridad; aquí, la prioridad son las
prisas, el rédito político y proteger la
imagen institucional.
Ha vuelto a suceder una tragedia
ferroviaria en Adamuz y seguirá ocurriendo
si no cambian las cosas, por lo que
exigimos:
• Una investigación
independiente, llevada a cabo por la nueva
Autoridad Independiente para la
Investigación Técnica de Accidentes de
Transporte, tal y como exige Europa.
• Una petición pública
de perdón institucional por parte del
Estado por el trato dado a las víctimas
durante todos estos años, por las mentiras
vertidas —como la negación sistemática de
que fuera una línea de alta velocidad—,
por los intentos de ocultación y por las
trabas puestas para impedir una
investigación independiente.
• Que la seguridad de
los viajeros sea la prioridad absoluta,
situándola de manera firme y permanente
por encima de cualquier interés electoral
o comercial
Trece años después, seguimos esperando
verdad, justicia y asunción de
responsabilidades. Y no dejaremos de
luchar hasta conseguir que la vida de los
pasajeros valga más que los intereses de
cualquier gobierno o institución.
En memoria de las víctimas, y para que no
vuelva a suceder