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CARTA A FELIPE VI

victimastren — Thu, 19 Jun 2014 22:00:00 +0000

Su Majestad,

Somos la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, que agrupamos a un conjunto de víctimas y familiares de víctimas del terrible accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, la mayor tragedia ferroviaria de la democracia y, como consecuencia de la cual, hay 80 fallecidos y 148 heridos, algunos de ellos con lesiones irreversibles.

Han transcurrido casi un año desde que se produjo el fatídico accidente y las víctimas seguimos hoy absolutamente desprotegidas; desprotegidas no en el sentido de curar nuestras heridas, las del cuerpo y especialmente las del alma, de las que probablemente nunca nos recuperemos, sino desprotegidas por parte de los poderes públicos en lo único que nos importa: que se conozca la Verdad y que se haga Justicia.

Sin querer ser exhaustivos, le podemos resumir una serie de datos objetivos que podemos demostrar documentalmente:

El Ministerio de Fomento nos engañó claramente cuando nos dijo que el tren en el que íbamos a viajar era un tren de Alta Velocidad con toda la tecnología punta que requieren esa clase de vehículos. Mentira. Ese tren, que alcanzaba velocidades de hasta 300 km/h no tenía frenado automático ni ningún otro sistema de seguridad para los viajeros, que no fuera exclusivamente la pericia del conductor.
Al conductor no le hicieron las oportunas pruebas, recogidas en la Ley, que acreditaran su habilitación para conducir esta clase de trenes.
El tren S730 es un híbrido, único en el mundo y según algunos técnicos consultados con graves incompatibilidades en sus componentes, cuya homologación exigida por la Unión Europea desde el año 2010 no ha sido acreditada por RENFE.
Las balizas -mínimo exigible hasta en los trenes convencionales- no estaban bien situadas, las pusieron correctamente a los tres días del accidente, de haberlo hecho antes habrían evitado la tragedia.
En el sistema ERTMS, que jamás ha estado instalado -según dijo en su comparecencia parlamentaria el Presidente de Adif-, se ha gastado el Ministerio de Fomento 164 millones de euros, no sabiendo las víctimas hasta hoy, a pesar de habérselo preguntado directamente a la Ministra, a dónde ha ido a parar ese dinero que ha sido pagado por todos los ciudadanos.
La curva de Angrois, diseñada en los años 40, no cumple las condiciones técnicas exigidas en la Alta velocidad.
A pesar de todas estas anomalías, nadie, absolutamente nadie, ha dimitido o ha sido cesado de sus cargos después del accidente.
A pesar de que el Juez Luis Aláez ha realizado hasta su marcha una instrucción intachable, independiente, profesional y rápida, buscando en todo momento la Verdad y la Justicia, con unos autos basados en los claros indicios y, especialmente, en los informes periciales, que señalan toda clase de anomalías en temas de seguridad, el fiscal del caso, D. Antonio Roma, ha solicitado, por dos veces, la desimputación de los altos cargos de Adif imputados por el Juez; además, todos ellos se han negado a declarar por un acuerdo con el Ministerio de Fomento.
La CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), que la Unión Europea exige sea independiente del Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha elaborado un informe con la participación además del Secretario de dicho organismo, de otras personas dependientes del Ministerio de Fomento: el Director General de Seguridad en la Circulación de Renfe y el Director General de Seguridad en la Circulación de Adif; dicho informe, que las autoridades califican como "independiente", naturalmente mantiene la tesis oficial de que el único responsable del accidente es el maquinista. Pero nada dice del resto de las anomalías.
Desde el principio de la investigación del accidente, las víctimas hemos pedido al Gobierno de la Nación la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria, ya que estamos en condiciones de afirmar que en el trágico suceso han existido responsabilidades penales y también políticas y que éstas últimas no se dirimen en los tribunales sino en la sede de la soberanía popular. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han negado reiteradamente a llevarla a cabo, negándonos un derecho democrático a las víctimas y a todos los ciudadanos, a pesar de que contamos hasta el momento con 66.500 firmas. Incluso, hemos tenido que leer con indignación declaraciones como las del Secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Sr. Catalá, que ha afirmado: "si se dice que el siniestro fue de Alta Velocidad, eso tendría un perjuicio para la industria española" o las directrices del exministro de Fomento, Sr. Blanco a sus diputados: "no se puede apoyar una Comisión de Investigación porque esto puede volverse en contra nuestra [del PSOE]". Resulta patético e indignante.

Una vez apuntados brevemente algunos de los hechos, nos dirigimos a usted porque hemos escuchado con suma atención su Mensaje ante las Cortes Generales del día de ayer, con motivo de su proclamación como Rey de España. Y, como compartimos muchos de los mensajes que nos ha transmitido, queremos solicitarle que nos ayude en nuestra lucha por buscar la Verdad, hacer Justicia y defender nuestra Dignidad como víctimas y como ciudadanos.

Habla usted de la esperanza en el futuro. 80 víctimas ya no pueden tener esperanza porque su futuro no existe, se terminó aquel funesto día. En otros muchos casos, su futuro ha quedado seriamente mermado, lo mismo que sus ilusiones. Entre todos ellos hay padres, madres, hermanos, hijos, jóvenes, niños, para los que no se puede hablar de futuro.

Sabemos que su función no es gobernar, pero sí, como usted mismo ha señalado arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y afirmando más adelante: Deseamos una España en la que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones. Pues bien, podemos decirle con tristeza que nosotros ya no creemos en las instituciones, porque las instituciones nos han abandonado y se oponen a que ejerzamos nuestros legítimos derechos de saber la verdad y que se depuren responsabilidades. No creemos en unas instituciones que lo único que intentan es ocultar sus errores, sus negligencias y su incapacidad, porque los ciudadanos no significamos nada para ellos. No creemos en unas instituciones que lo único que buscan quienes las dirigen es mantenerse o alcanzar el Poder a toda costa, sin preocuparles absolutamente nada los problemas y las legítimas reivindicaciones de los ciudadanos Un Poder Judicial, como institución, secuestrado por el Poder Político, un Poder Legislativo amordazado por el Poder Ejecutivo. Esa es la cruda realidad.

Le podemos asegurar que nosotros no formamos ningún grupo antisistema radical, somos ciudadanos normales de todo tipo y condición: de derechas, de izquierdas, monárquicos, republicanos, pero todos sin excepción demócratas convencidos que, precisamente por haber sido víctimas, hemos podido comprobar que las instituciones, mucho más poderosas que nosotros, nos quieren acallar y ningunear.

Dice también en su discurso que está dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar y también a defender siempre los intereses generales. A este respecto, puede usted estar totalmente seguro que los intereses generales están en las víctimas y no en los que se ocultan y mienten, está en los ciudadanos y no en los que en vez de gobernar "mandan" sobre ellos. También dice usted que la Monarquía Parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve, ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos y debe compartir -y sentir como propios- sus éxitos y sus fracasos. Estamos de acuerdo. Y le podemos decir que las víctimas a lo único que aspiramos es a alcanzar la Verdad y la Justicia, no tenemos ningún interés oscuro ni oculto, tan solo la defensa de aquellos que ya ni siquiera pueden defenderse.

Hace usted alusión a las víctimas del terrorismo y nos parece muy bien, pues son merecedoras de todo nuestro reconocimiento y respeto. Pero hay también otras víctimas. como nosotros y otros muchos, que hemos sufrido la muerte de nuestros seres queridos a causa de negligencias graves por parte de los poderes públicos. Le podríamos citar muchos casos además del nuestro. En todos ellos, nosotros somos los vulnerables, los que pagamos las consecuencias de gestores políticos irresponsables.

Lamentablemente, en este momento, casi un año después de la tragedia solamente nos queda una esperanza: denunciar al Estado Español ante la Unión Europea por incumplimiento de las normas de circulación ferroviaria que los gobiernos tienen la obligación de aplicar, por no tener organismos independientes, cuando lo exige la legalidad y el sentido común, por no tener una democracia, como ocurre en otros países de la UE, en los que los gobernantes dimiten por causas mucho más nimias que las que ahora tratamos. Es bien triste que nuestra única esperanza radique fuera de nuestras fronteras.

El motivo final de esta carta es para hacerle una solo petición: que utilice su papel mediador con el Gobierno para que acepte la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria, en donde se depuren las responsabilidades políticas, si las hubiera, a cuyas reuniones podamos asistir las víctimas como invitados y que se acepten las intervenciones de los técnicos propuestos por todos los grupos parlamentarios, no en función del número de diputados, sino tan solo por el interés en la investigación. Es algo sencillo, que se realiza en muchos países de nuestro entorno y que es un ejercicio de transparencia y de democracia.

Queremos finalizar esta carta con un apunte final y perdónenos si mostramos algún prejuicio, pero ya estamos demasiado heridos con las conductas que hemos venido sufriendo hasta ahora: no queremos palabras vacías, tampoco queremos compasión ni lástima. Somos personas racionales y maduras que sabemos afrontar la realidad, pero que estamos dispuestos a luchar hasta el fin de nuestros días para saber la Verdad y que se haga Justicia.

Usted terminó su discurso con una frase de ese gran escritor universal, Miguel de Cervantes, en el Quijote. Nosotros queremos acabar con otra frase de otro gran escritor universal, William Shakespeare, que dice en Hamlet: ¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante Fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas.?. Parece que la segunda opción es la única válida.

En todo caso quedamos a su disposición para aclarle cualquiera de los extremos mencionados en esta carta. Agradeciéndole de antemano su atención, reciba el testimonio de nuestra más alta consideración.

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LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (CIAF) NO ES INDEPENDIENTE Y NO TIENE NINGUNA CREDIBILIDAD

victimastren — Thu, 05 Jun 2014 18:08:29 +0000

Con motivo de la reunión del día 5 de junio de 2014 de la Unión Europea de los ministros de transporte, comunicación y energía, las víctimas del accidente ferroviario del tren Alvia serie S730 de Alta Velocidad, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, causando 80 muertos y más de 140 heridos, queremos denunciar ante los medios de comunicación europeos:

Que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) incumple la normativa europea (Directiva europea 2004/49/CE), ya que no es independiente. Su presidente, Vicente Rallo Guinot, fue directivo de Renfe hasta el año 2004, en el que pasó a ser corporativo de seguridad hasta el año 2006. Actualmente mantiene vinculaciones laborales y económicas, ya que participa con la Empresa de Renfe Mercancías, S.A. y con la Entidad Pública Empresarial Renfe en el Proyecto Zebra para la empresa alemana DBRS. El resto de los miembros de esta Comisión (CIAF) trabajaron o trabajan en Renfe y Adif o bien en las empresas concesionarias de éstas. Por ejemplo: Ángel Pastor Muñoz, ha sido Director Gerente de la U.N. de Circulación de Renfe; Javier Moreno de Mesa, CEDEX, organismo dependiente del Ministerio de Fomento; Avelino Juan Acero Díaz, FCC, empresa concesionarias de las obras de Adif.

Todos los miembros de esta Comisión son nombrados por la Ministra de Fomento y tienen su sede social dentro del propio Ministerio. POR LO TANTO, ESTE INFORME ES ILEGAL Y NO TIENE CREDIBILIDAD POR ESTAR ESTRECHAMENTE VINCULADOS EL INVESTIGADO Y EL INVESTIGADOR.

Tan seguros estaban en el Gobierno del resultado de esta Comisión (CIAF), que el fiscal de la causa (hemos de aclarar que en España la fiscalía es una institución jerárquica, por lo que los fiscales han de seguir las indicaciones de su jefe, El Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno) hace referencia en un recurso en el que solicita la desimputación de 11 directivos de Adif, que hay que esperar al informe de la CIAF, incumpliendo así el artículo 20.3. de la citada directiva que dice “La investigación será independiente de cualquier investigación judicial”, a pesar de que los informes periciales independientes especifican claramente el incumplimiento de muchas normas de seguridad ferroviaria de la Alta Velocidad.

Una de las múltiples causas del accidente, como han dicho los peritos judiciales, es no tener instalado el sistema de frenado automático ERTMS, ni siquiera estar sustituido por un sistema ASFA digital, que es lo que marcan las normas de un tren que alcanza los 300 km./hora. Existen otros muchos incumplimientos, como los que afectan al material rodante, a la habilitación del maquinista y un largo etcétera, que vamos a denunciar ante las instituciones europeas, además de en los juzgados españoles.

Por ello manifestamos nuestro total rechazo al informe de la CIAF, a la manipulación que están haciendo Adif y Renfe y también la Ministra de la cual dependen y la desatención y falta de respeto a las víctimas, a las que tan solo pretenden silenciar.

El Ministerio de Fomento, Adif y Renfe nos engañaron, nos dijeron que comprábamos un servicio de Alta Velocidad, más seguro, con sistemas de conducción automática (ERTMS) y la última tecnología. Asumimos un riesgo que desconocíamos que existía cuando montamos en ese tren, con un resultado de 80 muertos y más de 140 heridos.

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CARTA AL FISCAL ANTONIO ROMA

victimastren — Thu, 22 May 2014 22:00:00 +0000

Excelentísimo Señor:

Somos la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, que agrupamos a un conjunto de víctimas y familiares de víctimas del terrible accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, y que ha dado como resultado, hasta ahora, 80 fallecidos y más de 140 heridos, algunos de ellos con lesiones irreversibles.

Hace unos días hemos conocido su recurso remitido al juzgado que nos ha causado mucho dolor, tristeza e indefensión. En el recurso considera que no existen elementos en la causa para imputar a personas concretas las infracciones criminales indicadas en el último auto de juez Luis Aláez. Entendemos que, en el ejercicio de una de sus funciones, usted se oponga a que se acuse a quienes considera inocentes o cree que no hay pruebas suficientes que acrediten su culpabilidad.

Las víctimas, la ciudadanía y usted mismo, como afirmaba en una entrevista el 21 de marzo de 2013 para La Voz de Galicia, compartimos la consideración de que en asuntos con repercusión política hay un oscurecimiento de la imagen pública de autonomía de los fiscales que interviene en estos asuntos.

Estamos convencidos de que usted y otros fiscales están trabajando para mejorar esa imagen, promoviendo la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velando por la independencia de los Tribunales y procurando ante éstos la satisfacción del interés social, tal y como indica el Artículo 124.1 de la Constitución Española.

Nosotros también queremos ayudar a mejorar esa imagen, y por eso nos dirigimos a usted, como valedor de las víctimas, para ponerle de manifiesto algunas cuestiones que han salido a luz, y pensamos que el Ministerio Fiscal debe conocer, pero que de momento no nos consta.

1ª.- INVESTIGAR SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES FERROVIARIOS (CIAF). En su recurso dice que está pendiente de la recepción del informe de la CIAF. El Decreto Ley del 25 de enero de 2014 recoge aspectos relativos a la “Seguridad de los Ferrocarriles Comunitarios”, que la leyes aprobadas anteriormente para transponer la Directiva Europea 2004/49/CE no habían recogido y que, por ello, España fue multada por la Comisión Europea. La Directiva en su art. 21 dice que cada Estado miembro dispondrá de un organismo “independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria de cualquier administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria...” Nada de esto cumple la CIAF. Como usted entenderá no se puede ser Juez y parte, y la autoridad judicial no debería darle credibilidad al informe de esta comisión y tendría que exigir que se cumpla la ley.

2ª.- INVESTIGAR SOBRE EL ENGAÑO DESCARADO A LOS USUARIOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EL FERROL. Usted, Sr. Roma, indica en su recurso, citando a la Audiencia Provincial, que “La circulación de un tren que transporta personas comporta, por su propia naturaleza, un riesgo…” Efectivamente, comporta un riesgo asumible pero no un engaño o una estafa a los que cometimos el error de sacar un billete creyendo, como nos habían dicho y así consta en diferentes documentos aportados a la instrucción, las autoridades del Ministerio de Fomento, Renfe y Adif que comprábamos un servicio de Alta Velocidad, más seguro, con sistemas de conducción automática (ERTMS) y la última tecnología. Asumimos un riesgo que desconocíamos que existía cuando montamos en ese tren, y entendemos que la Fiscalía debería asegurarse de si se ha cometido algún delito de estafa o publicidad engañosa con un resultado de 80 muertos y más de 140 heridos.

3ª.- INVESTIGAR SOBRE LA CAPACIDAD PSICOLÓGICA DEL MAQUINISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. Se refiere usted en el punto 3 de su Recurso, respecto al maquinista, que “la pérdida de atención es tajante y gravísima”. Nosotros, al margen de otras responsabilidades, también lo consideramos así. Por ello queremos conocer si se cumple estrictamente con la Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio que, entre otras cosas, exige la valoración de la capacidad psicológica del maquinista (Anexo VI de la citada Orden), uno de cuyos muchos componentes es la capacidad de atención. Le recordamos que en la causa tan solo aparece una hoja firmada por un médico de medicina general (no un psicólogo, que es el especialista acreditado para realizar dicha valoración), que se limita a poner APTO. Nos parece que usted, como fiscal del caso y que considera “elemento central y nuclear…..la conducción efectuada por el maquinista”…debería investigar sobre el cumplimiento estricto de dicha Orden y el soporte documental que lo acredita, tal como ha pedido una de las partes. En este caso no se puede aplicar lo dicho por usted en la página 7 de su auto donde dice: “no hay norma y sin norma no puede establecerse el marco de responsabilidad”. En este caso hay una norma concreta y específica. Como usted sabe, además de la Orden citada, este extremo está contemplado en el Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General (“Los requisitos del personal que desempeñe funciones relacionadas con la seguridad en la circulación ferroviaria, incluidos los criterios para su habilitación”).

4ª.- INVESTIGAR SI EL MATERIAL FERROVIARIO CUMPLE LAS CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN EXIGIDAS POR LA UNIÓN EUROPEA (ETHs) Y APLICABLES EN ESPAÑA. Solicitamos, que por favor dedique su atención a la normativa que regula las condiciones para la homologación de material ferroviario (Orden FOM/233/2006 de 31 de Enero) y a la normativa de Especificaciones Técnicas de Homologación relacionada, es decir, que cumplan todas y cada una de estas Especificaciones (ETHs), según normativa de la Unión Europea, adoptada por España en las Resoluciones de 10 de julio de 2009, sobre locomotoras, unidades autopropulsadas y coches, que entraron en vigor los días 13, 15 y 17 de febrero de 2010. En este caso también existe una normativa concreta y perfectamente especificada, exigible a todos los estados miembros sobre las características que ha de cumplir el material rodante. El motivo es que dudamos del cumplimiento de esta normativa por parte del tren S730 accidentado. Si bien se han aportado a la causa las correspondientes autorizaciones de puesta en servicio y de circulación, no figura el informe de validación y los informes favorables de haber superado los ensayos y pruebas preceptivos, en los que han de basarse dichas autorizaciones. Las características del conjunto de unidades que forman el Alvia S730 presentan un comportamiento en circulación totalmente diferente al de su predecesor S130, tiene diferentes requerimientos y prestaciones por masa, por tara, por distribución del peso concentrado en cabeza y cola, diversos ejes coexistiendo en el conjunto, etc. Estos extremos se han puesto de manifiesto en distintos foros de carácter técnico y por parte de expertos del sector ferroviario consultados por esta asociación y todo indica que provocaron que el accidente fuera mucho más catastrófico. Entendemos necesario que se demuestre que el conjunto de unidades que forman el Alvia S730, ideado como solución “ad hoc” para la línea de Alta Velocidad del Noroeste, pasó las pruebas y ensayos recogidos en la normativa de forma positiva antes de que prestara servicio.

5ª.- INVESTIGAR SI SE CUMPLIÓ LA NORMATIVA AL PRODUCIRSE UNA MODIFICACIÓN ESENCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. Nos parece esencial para la investigación del caso que, usted, como fiscal del mismo, tal como dice en su recurso, “si la decisión se adoptó de manera precipitada, sin cerciorarse de la existencia de alternativas….. y la disposición de elementos de seguridad”, averigüe si se volvió a realizar una nueva homologación o no, una vez cambiado el proyecto o desconectado del sistema ERTMS para saber si, en estas nuevas condiciones, la seguridad para los viajeros era la misma, tal como indica la Orden FOM/233/2006, de 31 de enero, en su artículo 13.c.

6ª.- INVESTIGAR LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADIF. Aunque usted, citando el auto de la Audiencia Provincial, dice que "nos encontramos ante una organización compleja" [en referencia a ADIF], y en la página 7 de su Recurso dice que "se están buscando elementos con vocación causal del accidente cada vez más alejados tanto en el espacio como en el tiempo", le recordamos que el tren híbrido Alvia serie S730 ha sufrido un atroz accidente tan solo un año después de su puesta en servicio. Respecto al espacio, que imaginamos se refiere a la distancia entre los directivos de ADIF y el conductor, le animamos a que investigue si se ha incumplido el Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que en su artículo 11.2. establece "la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, no podrán encomendarse a terceros" y si existía delegación de competencias del Presidente y del Consejo de Administración y en quiénes, según las Resoluciones de 30 de octubre de 2012 y de 11 de junio de 2013.

Es nuestro único deseo en esta carta colaborar con la justicia, como es nuestro doble deber como ciudadanos y como víctimas, sobre todo en nombre de aquellos que ya no tienen voz.

Estamos a su entera disposición y nos gustaría mantener una reunión con usted en la que podamos hablar de estos y otros aspectos que a las víctimas y familiares de víctimas nos tienen muy afectados. Este terrible accidente y todo el dolor generado se podría haber evitado.

Necesitamos y exigimos Verdad, Justicia y Reparación

Quedamos a la espera de su respuesta, muchas gracias por su atención y reciba un cordial saludo.

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